La venta online ha cambiado radicalmente en los últimos años. Muchas personas han trasladado casi todas sus compras a la red. Estas ya no se limitan solo a ropa o muebles, sino también a transacciones mucho más serias, como la compra de acciones o bonos. El mercado ha cambiado mucho, pero detrás de esos cambios —como resulta— las normas no se actualizan con la suficiente rapidez, al menos las nacionales, que permitirían proteger adecuadamente a los consumidores. Esto debía cambiar a partir del 19 de junio de 2026, pero resulta que los legisladores no lograron preparar a tiempo las regulaciones adecuadas y ponerlas en práctica.
La directiva europea está en espera
Una de las primeras regulaciones que debían garantizar la seguridad de quienes compran por Internet se creó hace más de 20 años. En 2011, la Unión Europea introdujo varias normas que, en ese momento, parecían suficientes para aumentar la seguridad de los usuarios de portales de comercio electrónico. Desde entonces han pasado 15 años, y los riesgos y desafíos asociados con las compras en línea han alcanzado un nivel completamente diferente. Por eso, los funcionarios europeos decidieron una vez más adaptar la ley a los tiempos en los que vivimos. En 2023 se aprobó la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2023/2673, que debía reemplazar las normas anteriores de venta a distancia. Los Estados miembros tenían hasta el 19 de junio de 2026 para implementar las nuevas normas, pero ya se sabe que Polonia no cumplirá con ese plazo.
En la segunda mitad de 2025, la Oficina de Protección de la Competencia y los Consumidores (UOKiK) presentó el primer proyecto de ley que permitiría implementar las normas. En las consultas sobre el documento surgieron muchas observaciones y propuestas de cambios en las regulaciones propuestas, con las que participaron entre otros bancos y la supervisión financiera. Las observaciones se referían, entre otras cosas, a los créditos de consumo, y específicamente a la “Sanción de Crédito Gratuito”.
UOKiK preparó una segunda versión del proyecto, sin abandonar sus premisas anteriores. Esta no recibió la aprobación de los expertos y el proyecto quedó estancado. En mayo de 2026 se suspendieron los trabajos sobre el documento y hasta ahora no se han reanudado. ¿Qué significa esto para Polonia, dado que el plazo de implementación de la regulación vence hoy (19 de junio de 2026)? La Comisión Europea puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede imponer a Polonia una sanción por no cumplir los plazos de implementación de las normas derivadas de la directiva europea.
¿Qué quiere regular la Unión Europea?
Las nuevas normas preparadas por los funcionarios europeos imponen, entre otras, una obligación informativa. Se trata de publicar información de contacto, así como información sobre posibles reclamaciones en transacciones realizadas a distancia. También se exige un acceso claro y fácil a la rescisión del contrato celebrado a distancia. Debe ser tan sencillo como su celebración. Las normas también introducen la necesidad de marcar los precios que se han adaptado a un cliente concreto. Se trata, entre otras cosas, de servicios financieros, como la oferta de un crédito de consumo, que mediante el scoring bancario (evaluación de riesgo) se ha adaptado a un cliente concreto. Los funcionarios europeos también dieron al consumidor el derecho a gestionar la intervención humana, y no el sistema, incluso en contratos celebrados a distancia.
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