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Colombia anunció el martes un proyecto de reforma fiscal que presentará ante el Congreso, crucial para mejorar las finanzas del país sudamericano, impactadas por la pandemia de covid-19.

Los siguientes son los principales puntos del denominado Proyecto de Inversión Social, con la que el Gobierno busca obtener 15,2 billones de pesos (3.974 millones de dolares) para realizar más gasto social y para promover la reactivación de la economía:

Se reduce a un 50% el beneficio tributario que permite descontar el ICA del impuesto de renta para las empresas. Recaudo: 3,9 billones de pesos.

Aporte solidario de las empresas para el financiamiento de la inversión social, a través de un incremento en la tarifa de renta de 30% a 35% a partir de 2022. Recaudo: 6,7 billones de pesos.

Extensión de la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales, desde 2022 hasta 2025. Recaudo: 415.000 millones de pesos.

Normalización tributaria para el año gravable 2022. Recaudo: 300.000 millones de pesos en 2021 y $360.000 millones de pesos para 2022.

Austeridad del gasto público para ahorrar 1,9 billones de pesos anuales a través de:

A partir de 2023, los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios.

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Se limita la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros.

Las transferencias a cargo de la Nación se reducirán anualmente, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a la salud, a las universidades y a las pensiones.

____Sobota - Sábado____

Se controlarán y se disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas.

Plan de estímulo a la formalización tributaria, fortaleciendo la capacidad de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con lo que se recaudarían 2,7 billones de pesos.

Con el propósito de continuar la campaña de reducción de la evasión, se faculta a la DIAN para enviar las declaraciones de renta a aquellos contribuyentes que están obligados y hoy no lo hacen.

Se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) con el propósito de identificar mejor las personas que son propietarias o beneficiaras de las empresas para que cumplan con sus obligaciones tributarias.

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Se utilizará un sistema de información georreferenciada con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.

La austeridad en el gasto público y la lucha contra la evasión de impuestos equivaldrá en total a un 40% del monto del proyecto de ley, dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Mayor capacidad técnica e independencia del Comité de Regla Fiscal.

Se está definiendo un anclaje de la deuda pública que permita converger a niveles prudenciales. Esta ancla será del 55% del PIB.

Se incluyen unos ajustes automáticos del balance primario y de las metas fiscales cuando la deuda se acerca al límite estipulado. Lo anterior, con el fin de llegar al nivel de deuda objetivo.

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