Las cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) son capitales para los grandes inversores. No es un eslogan de marketing barato: es la inexorable realidad. Ha tardado años en imponerse, pero la avidez por los activos que ayuden a que el mundo sea más sostenible se ha disparado.
Las empresas se pelean por aparecer en los rankings de sostenibilidad, han creado comisiones específicas para tratar estos temas –el 70% de las que forman el Ibex cuentan ya con una de ellas, después de que la CNMV así lo recomendara en sus mandamientos de Buen Gobierno del año pasado– y la deuda marrón es más cara y difícil de vender. Las compañías se han puesto las pilas y el ecopostureo (greenwashing, en el argot) está penalizado casi con el destierro a las tinieblas exteriores.
La UE obligará a unas 50.000 empresas, aunque no coticen, a informar sobre cuestiones ecológicas, de diversidad, de derechos humanos y de buen gobierno. La norma será de aplicación a las cuentas del próximo año. Los responsables de ESG de las compañías ya trabajan codo con codo con los responsables de negocio. No es ninguna broma: su supervivencia depende de que cumplan unos estándares mínimos para financiarse, ya sea a través de capital o de deuda.
No es que sea una megatendencia de inversión, es la megatendencia. Los préstamos con un componente ESG son mucho más baratos que sus homólogos clásicos. Desde BBVA señalan que llegará un momento en que el acceso al mercado de las empresas que no se hayan transformado estará vetado o será extremadamente caro.
Ya en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) se han comenzado a ver emisiones con criterios ESG con siete emisiones de este tipo desde 2019. Y habrá más en el futuro inmediato. De hecho, algunas agencias de calificación entre ellas la europea Axesor Rating -pionera en valorar a las empresas del MARF-, lleva tiempo mencionando o incluyendo un apartado específico sobre los compromisos ESG en sus informes de calificación crediticia.
Las emisiones en Europa de deuda sostenible en el primer semestre alcanzaron los 220.000 millones de euros, ya por encima del importe colocado en el conjunto del año pasado, según la consultora IGM. El propio Tesoro español prepara una emisión verde a partir de septiembre, con el objetivo de dar entrada a los inversores, ávidos por este papel. Ya han debutado en el Viejo Continente con deuda de este tipo Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Bélgica.
Las grandes gestoras de inversión, como BlackRock, Vanguard, Pimco o Capital Group tienen grabado a fuego el mantra. Incluso el capital riesgo ha desplegado estrictos protocolos de inversión. Estos apartan de su ámbito de influencia industrias consideradas dañinas, como las del alcohol, el tabaco y el juego, entre otras.
Georgeson, uno de los grandes asesores de las empresas para que cumplan con las exigencias de las empresas (un proxy solicitor, en la jerga), señala en un informe publicado hace unos días que más del 90% de los inversores utilizan criterios ESG en sus actividades de inversión. No en vano, el 79% cuenta al menos con un proveedor de datos para analizar las tripas de las empresas y comprobar si cumplen los estándares mínimos de sostenibilidad.
El Covid-19 ha hecho saltar las costuras de las economías de todo el planeta, y ha puesto en el mapa la necesidad de invertir mejor. No solo es ganar dinero, el mandato es claro: es ganar dinero, sí, pero no a cualquier precio. Y la regulación apunta con fuerza en esa dirección.
La UE ha lanzado la regulación de las agencias de rating de sostenibilidad, de manera que los bonos verdes del Club estarán sometidos a la vigilancia de un revisor externo, y este tendrá que recibir luz verde de ESMA, el coordinador de las comisiones europeas de valores. No habrá duda de que el sello ESG es real. Ya está en vigor además la directiva de fomento de la implicación de los inversores, que los obliga a revelar cuáles son sus planteamientos para apostar por una compañía u otra. Y, en concreto, el reglamento de divulgación de finanzas sostenibles exige a fondos, aseguradoras y bancos que informen de su compromiso real con los criterios.
El BCE ha puesto la lupa en los activos ESG, ha creado un fondo específico para invertir en bonos verdes y, además de los test de estrés tradicionales publicados a finales del pasado julio, obligará a la banca a realizar una autocomprobación para ver a qué tipo de empresas prestan. El siguiente paso vendrá el próximo año, cuando el Banco Central realizará una prueba de resistencia sobre los riesgos relacionados con el clima. La misión última es penalizar a las empresas insostenibles. Prestar a las firmas saldrá más caro a la banca en términos de activos ponderados por riesgo, y esto dañará en última instancia las cuentas de resultados de las empresas menos ESG.
Por si todo esto fuera poco, en las próximas décadas se producirá la mayor metamorfosis en los paradigmas de la inversión. Se producirá la mayor transferencia de riqueza generacional de la historia: unos de 30.000 millones de dólares (unos 25.000 millones de euros) pasarán de los baby boomers (los nacidos entre 1946 y mediados de los 60) a los millennials (que llegaron al mundo entre inicios de los 80 y finales de los 90). Esto será un hito para las inversiones ESG, según un análisis de Refinitiv.
Los índices bursátiles son otra prueba incontestable de los cambios que se están produciendo. El índice Standard & Poor’s 500 ESG, que mide la evolución en Bolsa de las compañías que cumplen con criterios de sustentabilidad, le saca unos puntos dos puntos porcentuales de rentabilidad en lo que va de año a su hermano mayor, el S&P 500 clásico.
