¿Pueden unas cuentas públicas sostenidas sobre un crecimiento esperado del 7% ser igualmente operativas si una quinta parte de ese crecimiento se queda por el camino? La lógica induce a pensar que no. Que los Presupuestos Generales del Estado son un cálculo preciso, trazado casi con escuadra y cartabón, en el que cualquier variación no prevista en una de sus variables de base amenaza con descuadrar el balance final.
De alguna forma, así nos los han presentado los responsables de Hacienda de los sucesivos gobiernos, especialmente cuando les ha tocado explicar las desviaciones al alza de las cuentas públicas respecto a los objetivos previstos. El catálogo de excusas que nos dejan los últimos años es interminable: que si una sentencia judicial desfavorable que carga un coste inesperado, una compra no prevista de medicinas para atender un brote particularmente virulento de una enfermedad, un puñado de ayuntamientos que cierran el año sin el superávit que se esperaba, o un puñado de comunidades autónomas que cierran con un mayor déficit respecto al previsto...Desviaciones de decenas o cientos de millones que supuestamente descuadran una cuenta de más de 300.000 millones de euros.
Pero los Presupuestos del Estado no son el reino de lo preciso, sino más bien el reino de lo incomprensible. Un alto funcionario del Ministerio de Hacienda con más de una decena de presupuestos a sus espaldas explicaba hace ya unos años que los Presupuestos son el fruto de una cadena de mentiras. Los subdirectores obligaban a sus equipos a estimar sus gastos sobre una disponibilidad de recursos inferior a las real para dejarse un margen extra para financiar los programas que consideran más prioritarios. Lo mismo hacen los directores generales con los subdirectores. Y los secretarios de Estado con los directores generales. Y los ministros con los secretarios de Estado. La clave de bóveda de todo el edificio presupuestario era el ministro de Hacienda, cuya misión consistía básicamente en convencer al resto del Gobierno de que había menos recursos de los realmente disponibles sobre el bien entendido de que todos acabarían gastando más de lo previsto y ese margen extra serviría para equilibrar las cuentas.
De un tiempo a esta parte, la forma de construir los Presupuestos ha cambiado. Hacienda ya no se reserva la previsión de ingresos para no incentivar los apetitos del 'comando del gasto' – que conforman todos los demás ministerios -, sino que adapta esa previsión de ingresos al montante total de las políticas de gasto que se quieren acometer. Y, en ocasiones, ni siquiera acometer, sino simplemente 'vender' a los ciudadanos. El caso de la dotación de las políticas de I+D en España es un ejemplo palmario de cómo los Presupuestos venden políticas que luego apenas se ejecutan.
Los Presupuestos del Estado de 2022 – excluyendo Seguridad Social- vuelven a estar construidos desde la perspectiva del gasto. El Gobierno no sólo no lo ha ocultado, sino que presume de ello. Hablamos de “los presupuestos más expansivos de la historia”, con una cuenta de gastos de 241.717 millones de euros, que se sufraga sólo en parte por los 182.903 millones que Hacienda aspira a ingresar, a partir de un incremento de los ingresos tributarios del 8,1% que tanto la ministra Montero como la vicepresidenta Calviño insisten en calificar de “prudentes” con el argumento de que según sus cálculos se sitúan por debajo del crecimiento nominal de la economía.
Esos cálculos, sin embargo, están construidos sobre un crecimiento esperado de la economía del 7%, que no respaldan ni el más optimista de los analistas. El consenso sitúa el crecimiento para 2022 en el 5,7% y con el deflactor del PIB del 1,5% que calcula el Gobierno ese PIB nominal se iría al 7,2%...casi un punto por debajo de la previsión de crecimiento de los ingresos. Igual la previsión ya no es tan prudente.
Pero como en la vida lo que te quita a veces también te da ahí aparece la inflación al rescate. Las cuentas públicas de 2022 se construyeron sobre la base de que la presión inflacionista empezaría a remitir a finales de 2021 y se diluiría en los primeros meses de 2022 disipando al mismo tiempo las dudas de los agentes económicos a la hora de consumir e invertir que han podido maniatar la economía en el último tramo del año pasado. Todo apunta a que la economía tendrá que convivir con niveles elevados de inflación durante todo el año 2022 y que ésta restará vigor al crecimiento, lo que como se reconoce en el informe económico financiero que acompaña a los Presupuestos supondrá la concreción de uno de los riesgos que amenazaban las cuentas públicas.
¿Significa esto que los Presupuestos de 2022 son papel mojado? No tan rápido, amigos. Si el Gobierno muestra tanta confianza en cumplir la hoja de ruta de reducción del déficit planteada para 2021, del 10,97% al 8,4%, ha sido en parte por que la inflación ha proporcionado un pequeño empujón a los ingresos fiscales para que crecieran no sólo por encima de lo esperado para 2021, sino incluso por encima de lo recaudado en 2019, el año anterior a la pandemia. Tanta confianza tiene el área económica del Ejecutivo en la cuenta de ingresos fiscales que a la hora de hablar del Presupuesto de 2022 considera intrascendente que España crezca menos de lo previsto en el cuadro macro que sustenta las cuentas públicas, siempre que los ingresos continúen evolucionando al ritmo actual y proporcionen la gasolina necesaria para sufragar los gastos del “presupuesto más expansivo de la historia”.
Bien haría el Gobierno en contemplar también los posibles efectos negativos de la inflación. Analistas e instituciones como el Banco de España ya han advertido de que la persistencia de las presiones inflacionistas puede traducirse en un menor consumo de los hogares, en una menor inclinación de las empresas a invertir y en efectos de segunda ronda que podrían prolongar aún más el episodio inflacionista. Lo que parece cada vez más claro es que el futuro de los Presupuestos dependerá en buena medida de ese 'impuesto silencioso' que es la inflación.
