En el año 2023, el Salario Mínimo Interprofesional en España ha experimentado un incremento significativo del 8%, situándose en 1.080 euros mensuales. Esto se traduce en un Salario Mínimo Interprofesional anual de 15.120 euros.
Para aquellos que perciben 14 pagas al año, el Salario Mínimo en 2023 alcanza los 1.080 euros mensuales. En el caso de quienes reciben 12 pagas, este importe asciende a 1.260 euros mensuales.
A nivel diario, el Salario Mínimo Interprofesional corresponde a 36 euros. Por otro lado, para trabajadores eventuales y temporeros, el SMI por jornada laboral se fija en 51,15 euros.
Para los empleados del hogar, el Salario Mínimo Interprofesional por hora de trabajo se establece en 8,45 euros.
En España, la edad mínima para comenzar a trabajar es a partir de los 16 años, aunque hasta los 18 años se requiere la autorización de los padres o tutores, a menos que la persona esté legalmente emancipada.
Es importante señalar que a los menores de 18 años se les prohíbe realizar trabajos nocturnos, horas extraordinarias y otras labores que el Gobierno determine como insalubres, penosas, nocivas o peligrosas. Existe una excepción en la que, con la autorización por escrito de la autoridad laboral, los menores de 16 años pueden participar en espectáculos públicos, siempre y cuando no represente un riesgo para su salud ni su educación.
Los contratos de trabajo pueden formalizarse de manera escrita u oral. Además, pueden ser a jornada completa o a tiempo parcial, a excepción de los contratos de formación. Los mismos pueden tener una duración indefinida, conocidos como "contratos fijos", o por un período específico, llamados "contratos temporales". En esencia, un contrato de trabajo se establece cuando hay un acuerdo entre el empleador y el empleado para prestar servicios bajo la dirección y organización del primero a cambio de una remuneración económica.
Es fundamental tener en cuenta que un contrato de trabajo puede ser tanto indefinido, es decir, de duración permanente, como tener un plazo determinado.
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En cuanto a quién puede ser empleador, cualquier individuo mayor de 18 años y con capacidad legal puede contratar a un trabajador. Esta capacidad de contratación se extiende a los mayores de 18 años, los menores de 18 y mayores de 16 legalmente emancipados o con el consentimiento de sus padres o tutores, así como a los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable.
Existen cuatro principales modalidades de contratos de trabajo: los indefinidos, temporales, para la formación y el aprendizaje, y en prácticas. Además, existen otras formas de prestación del trabajo asalariado, como el trabajo a tiempo parcial, en común y contratos de grupo, así como a distancia.
Por último, es importante mencionar que hay una serie de incentivos a la contratación, especialmente en el caso de los contratos indefinidos.
En España, un trabajador autónomo (distinto de un empresario individual) es una persona que realiza de manera habitual, personal y directa una actividad económica con el fin de obtener beneficios, sin estar vinculado por un contrato laboral. Incluso si en ocasiones recurre al servicio remunerado de otras personas, se considera autónomo. Esta condición se presume si se es dueño, usufructuario, arrendatario u ostenta un estatus similar sobre un establecimiento abierto al público. También se presume la condición de autónomo si la persona es un teletrabajador que presta servicios remunerados a clientes y emite facturas formales como titular de una empresa individual. El autónomo es personalmente responsable de sus asuntos con la Seguridad Social y su responsabilidad se extiende sin límite a todo su patrimonio, presente y futuro.
El salario incluye todas las compensaciones económicas que los trabajadores reciben, sin discriminación de género, ya sea en forma de dinero o en especie, por los servicios laborales prestados para un empleador. Esto abarca tanto el trabajo efectivo como los períodos de descanso contabilizados como tiempo laboral. El salario mínimo interprofesional (SMI) establece el monto mínimo que un trabajador debe recibir por su jornada laboral estándar. Su valor se determina anualmente mediante Real Decreto.
La duración de la jornada laboral se establece en el contrato de trabajo. Esta duración acordada debe cumplir con los límites fijados en el Convenio Colectivo y, en cualquier caso, no puede exceder las 40 horas semanales en promedio anual. A diario, un trabajador no puede cumplir más de 9 horas de jornada, salvo que un Convenio Colectivo o un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores establezcan otra cifra respetando los períodos de descanso.
Las vacaciones anuales pueden acordarse de forma individual o colectiva, pero no pueden ser menores a 30 días, incluyendo sábados y domingos. Además de estos, hay 12 días festivos nacionales y dos locales por año. También se tienen derechos a 15 días por motivo de matrimonio y a 16 semanas consecutivas en caso de maternidad, adopción o acogimiento familiar (se suman dos semanas por cada hijo a partir del segundo en caso de partos, adopciones o acogimientos múltiples). En el caso de nacimientos, adopciones o acogimientos, los trabajadores tienen derecho a una suspensión del contrato por paternidad durante trece días consecutivos, con posibilidad de extenderlo dos días más por cada hijo a partir del segundo en caso de partos, adopciones o acogimientos múltiples.
La Seguridad Social en España representa el principal sistema de protección social proporcionado por el Estado. Su objetivo es asegurar prestaciones sociales específicas y personalizadas para hacer frente a situaciones contingentes que puedan colocar a la persona (y a sus dependientes) en una situación de necesidad. Las normativas fundamentales de la Seguridad Social están establecidas en el artículo 41 de la Constitución y en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015).
Este sistema abarca una modalidad contributiva, que se enfoca en ámbitos profesionales y se financia a través de las cotizaciones de los afiliados, y una modalidad no contributiva, que es de alcance universal y se financia mediante aportaciones del Presupuesto General del Estado. Garantiza, siempre que se cumplan ciertos requisitos, una serie de prestaciones económicas o de asistencia para prevenir, remediar o superar situaciones específicas de adversidad o necesidad, como enfermedad, incapacidad temporal o permanente, jubilación o fallecimiento de un familiar.
Los Reglamentos Comunitarios sobre Seguridad Social son aplicables a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que sean trabajadores por cuenta propia o ajena y que estén o hayan estado sujetos a la legislación de uno o más de dichos Estados. Esto incluye a estudiantes, funcionarios y a apátridas o refugiados que residan en el territorio de un Estado miembro, así como a sus familiares y sobrevivientes. Además, conforme al Acuerdo entre la Unión Europea y Suiza sobre libre circulación de personas, también se aplica a ciudadanos suizos.
En España, los trabajadores por cuenta ajena están obligatoriamente asegurados contra la pérdida de empleo. Las cotizaciones para esta cobertura son aportadas tanto por empleadores como por empleados.
Estas prestaciones están destinadas a los trabajadores por cuenta ajena que tienen periodos cotizados en el régimen general de la Seguridad Social que superan los 360 días, y que pierden total o parcialmente su empleo por motivos ajenos a su voluntad.
Los trabajadores que no cumplen con los requisitos para recibir una prestación contributiva o que han agotado sus derechos pueden solicitar un subsidio o prestación asistencial por desempleo si cumplen con ciertos criterios, como ingresos bajos, responsabilidades familiares, ser mayores de 55 años, entre otros.
Si está recibiendo prestaciones por desempleo en su país de origen o en otro país del EEE y Suiza, tiene la posibilidad de trasladarlas a España o a otro estado miembro para buscar empleo durante un máximo de tres meses, y en algunos casos, este plazo puede ampliarse a otros tres meses mediante una solicitud previa.
a) Haber estado disponible para el Servicio Público de Empleo del país de origen durante al menos cuatro semanas.
b) Solicitar el formulario U2 y proporcionar la fecha real de su partida.
Una vez en España, deberá inscribirse como solicitante de empleo en la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente a su domicilio en España en un plazo de siete días a partir de su salida del país de origen. Si ha trabajado en España, es aconsejable que antes de dejar el país, solicite en la Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal el formulario U1, que acredita los períodos cotizados en nuestro país y que pueden ser tomados en cuenta para el cálculo de posibles prestaciones en otro país del Espacio Económico Europeo.
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