La reactivación económica tras la crisis que ha causado en España la pandemia del Covid-19, sin precedentes en tiempos de paz, está indudablemente en marcha. Tanto es así que, a grandes rasgos, ya se han recuperado los niveles de empleo previos a la irrupción del coronavirus en el país y que el PIB crece con un ímpetu que, aunque menor del que inicialmente había estimado el Instituto Nacional de Estadística (INE), promete devolver el tamaño de la economía nacional a los umbrales precrisis el próximo año. Una remontada que debería verse espoleada, además, por el paquete de inversiones y reformas que acompaña a las ayudas europeas que comienzan a llegar al país. España, sin embargo, encara la pospandemia portando una suerte de letra escarlata que, como en la novela homónima, señala sus pecados: en este caso una “D” de déficit y deuda. Y es que la recuperación no será plena hasta que el Estado reconduzca sus malogradas cuentas públicas.
El reto no es menor. La crisis del Covid ha hecho saltar las costuras del déficit, que aumentó del 2,8% al 11% en 2020, y la deuda, que se disparó del 95,5% al 120% del PIB. Hasta el momento, el país ha contado con cierto margen por parte de los socios comunitarios, que han acordado activar la llamada cláusula de escape para dejar en suspenso las reglas fiscales hasta 2023, y los mercados, a los que apenas ha habido que recurrir gracias a la masiva compra de deuda pública efectuada por el Banco Central Europeo (BCE). Las tornas, sin embargo, pueden no tardar en cambiar si el Gobierno no comienza a dar señales claras de cuál será su hoja de ruta para la consolidación fiscal.
De momento, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que hasta 2025 España no resituará su agujero fiscal por debajo del 3%, umbral a partir del cual Bruselas activa el protocolo de déficit excesivo y exige ajustes. La Comisión Europea no prevé reactivar estas cautelas hasta 2023, y los socios comunitarios han comenzado a negociar una flexibilización de dichas normas fiscales, pero antes que después comenzarán a pedir explicaciones.
Hasta la fecha, el Gobierno ha fiado básicamente el reequilibrio presupuestario al rebote del PIB, que hará menor el peso relativo del déficit y la deuda. Esta expectativa, siempre según las previsiones oficiales de Hacienda, permitiría rebajar la deuda pública por debajo del 120% este mismo año, cuando el déficit caería al 8,4%. A partir de ahí, el desequilibrio entre gastos e ingresos caería al 5% en 2022, el 4% en 2023 y seguiría en el 3,2% en 2024.
No todo está perdido, sin embargo. A falta de comprobar la credibilidad de estas proyecciones, que podrían verse resentidas si el crecimiento del PIB es inferior al 6,5% esperado para este año, lo cierto es que la proyección es a políticas constantes, es decir, sin cambios regulatorios como la revisión del gasto o la reforma fiscal que el Gobierno ha comprometido con Bruselas.
Ambos paquetes de actuaciones están, en todo caso, previstos para 2023, estando por ver su calado y efectos. Del lado tributario, Hacienda esperará a diseñar la reforma hasta conocer el informe encargado a un grupo de expertos en la materia que se publicará el próximo febrero.
A corto plazo, el Gobierno se contenta con impulsar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades en el marco del plan presupuestario para 2022, pero las empresas españolas ya tributan de media a un tipo efectivo superior al 21% con lo que el efecto recaudatorio promete ser muy limitado: de 400 millones, según Hacienda. Por su parte, las nuevas tasas Google y Tobin están arrojando ingresos muy por debajo de las estimaciones preliminares.
A medio plazo, el Gobierno deberá calibrar qué parte de la desviación fiscal puede corregir elevando impuestos sin ahogar la recuperación, mientras que debería apoyarse en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para atajar cuanto antes gastos superfluos o ineficaces para los objetivos bajo los que se lanzaron.
Después de todo, las ayudas europeas dan la oportunidad de disparar con pólvora comunitaria mientras se corrigen los desequilibrios internos. Pero esta ventana de oportunidad está condicionada a ser aprovechada. La UE está decidida a combatir las secuelas del virus dando aire a la expansión fiscal, pero la letra escarlata reluce en el pecho español y los socios más frugales no tardarán en recordar que la entrega de las millonarias transferencias europeas está también parcialmente condicionada al reequilibrio de las cuentas públicas.
España, por tanto, no debe comenzar a retirar los estímulos hasta terminar de asegurar la recuperación económica, pero urge que comience a lanzar cuanto antes mensajes de confianza a socios e inversores para que cuando venza la bula pandémica estén convencidos de que el país trabaja en expiar sus pecados.
