Se espera que la desaceleración de la actividad sea acotada y de corta duración, gracias a diversos factores. El primero tiene que ver con la riqueza acumulada durante el confinamiento. De acuerdo a BBVA Research, los hogares tendrían alrededor de 80 mil millones de euros invertidos en activos listos para utilizar, que podrían sostener el consumo durante los próximos trimestres pese a los riesgos que rodean a la economía y ayudarían a suavizar el impacto de varios de los elementos negativos descritos previamente. Además del consumo, estos recursos podrían destinarse a la compra de vivienda, como ha sucedido en los trimestres precedentes. A pesar de que los tipos de interés han iniciado un proceso de normalización, las condiciones crediticias continúan siendo atractivas, sobre todo en un entorno donde se espera que el precio de los activos inmobiliarios siga aumentando. Al respecto, el precio de la vivienda podría incrementarse un 7,4% en 2022 y un 3,6% en 2023.
Hay que verlo por el lado bueno: ya no nos tenemos que preocupar por el precio del gas ruso:
La ejecución de los fondos NextGenerationEU (NGEU) podría acelerarse durante los próximos trimestres
Según la información disponible, hasta junio de 2022 se habrían lanzando convocatorias y programas de gasto financiados con el Plan por importe de unos 28.000 millones de euros. Por lo tanto, es de esperar que en la segunda mitad del año las empresas comiencen a enfrentar una mayor demanda relacionada con el desarrollo de estos proyectos.
Los efectos positivos de la reforma laboral podrían ayudar a sostener la evolución del consumo, particularmente de los más jóvenes, además de favorecer la productividad
Los datos de contratación apuntan a que los cambios en la regulación están reduciendo el peso de la temporalidad. Es especialmente positivo que sean los menores de 25 años los que se estén beneficiando de contratos indefinidos. La mayor seguridad en el empleo podría reducir el ahorro precautorio entre este tipo de trabajadores o incrementar su disposición a endeudarse. Además, una relación laboral más estable podría aumentar los incentivos a invertir en el capital humano de las personas contratadas. Esto debería impulsar la productividad durante los próximos años.
El principal riesgo hacia delante es ahora la inflación
BBVA Research prevé que la variación en el IPC se mantenga elevada, alcanzando casi un 8% en promedio durante 2022 y un 3% en 2023. Más preocupante aún puede ser la tendencia de la subyacente, que podría alcanzar el 5% en promedio este año y el 4% el siguiente. Distintos indicadores muestran que la variación en los precios de la mayor parte de los bienes y servicios ha continuado aumentando o se ha estabilizado en niveles elevados. Lo anterior podría llevar a un ajuste del consumo de los hogares durante los próximos meses, o podría hacer que la inversión o la competitividad de las empresas se viera afectada. La evolución hacia delante dependerá de varios factores en los mercados internacionales, como el impacto de la invasión de Ucrania sobre el precio de las materias primas o la continuación de problemas en las cadenas de suministro.
Será determinante el efecto que pueda tener el comportamiento de los márgenes empresariales
Sin embargo, será determinante el efecto que pueda tener el comportamiento de los márgenes empresariales, el resultado de la negociación colectiva y el impacto de las políticas públicas. Respecto a los primeros, las empresas no trasladaron a precios el incremento en costes durante la segunda parte del año anterior al percibir que este podría ser temporal. Sin embargo, la caída en los márgenes se ha revertido a partir del primer trimestre de 2022. Respecto a los segundos, el crecimiento salarial pactado en convenio se ha acelerado, pero todavía presenta incrementos bastante por debajo de la inflación y de lo que sería consistente con la variación de la productividad por trabajador.
Finalmente, el Gobierno ha anunciado la fijación del precio del gas para la producción de electricidad y, más recientemente, la bajada del IVA. El impacto de la primera medida podría reducir la inflación promedio del año entre 0,3 pp y 0,8 pp, mientras que la segunda, 0,1 pp. De mayor importancia hacia delante será la disposición que tengan los distintos agentes para entrar en un pacto de rentas, y del Gobierno para intermediar entre ellos. Para esto, será necesario incluir al mayor número de colectivos posibles, de tal manera que el resultado final no genere una carga desigual y, por lo tanto, un entorno de descontento social.
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