En los últimos cinco años, los precios de la vivienda en Portugal han aumentado cerca de un 63%. Del mismo modo, el número de transacciones acumula en los últimos cinco años un crecimiento del 32%. En este artículo, analizaremos el impacto de este intenso dinamismo del mercado residencial sobre la recaudación de los impuestos municipales relacionados con la vivienda. Antes de nada, nos fijaremos en la ejecución presupuestaria de las Administraciones locales.

Gráfico del saldo de las Administraciones locales de Portugal
En términos agregados, las Corporaciones locales han registrado superávits en los últimos 14 años, en torno al 0,2% del PIB de media (véase el primer gráfico)
Los ingresos de los municipios proceden, en su mayor parte, de los ingresos fiscales y las transferencias corrientes, cada una con un peso de cerca del 37% en 2022 (superior al 30% registrado en 2009). Los ingresos fiscales incorporan los denominados impuestos municipales, en los que se incluye el impuesto municipal sobre inmuebles (IMI),1 el impuesto municipal sobre las transmisiones de inmuebles (IMT),2 la Derrama3 y el impuesto único de circulación de vehículos (IUC).
Entre ellos, los dos primeros (IMI e IMT) representaron, en su conjunto, cerca del 82% del total de los ingresos fiscales y el 30% de los ingresos totales en 20225 –porcentajes superiores al 77% y 23% que suponían, respectivamente, en 2009–, por lo que constituyen una importante y creciente fuente de financiación de los municipios.
En lo que respecta a las transferencias, destaca la contribución de las transferencias realizadas por el Fondo de Equilibrio Financiero (FEF), que en 2022 representó casi la mitad de las transferencias corrientes
A su vez, los principales gastos de los municipios incluyen los gastos de personal, adquisición de bienes y servicios (como los gastos relativos a combustibles, alquileres, material de oficina, comunicaciones, etc.), transferencias corrientes (por ejemplo, transferencias hacia las juntas de distrito) y la adquisición de bienes de capital o de inversión (donde se incluye la adquisición de software, equipamientos sociales, obras, pavimentaciones, etc.). Estas cuatro partidas fueron las responsables de más del 92% del gasto en el que incurrieron los ayuntamientos en 2022.