Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 asoman como los más exigentes de la historia. Tendrán que sufragar un gasto no financiero récord de 248.211 millones de euros con unos ingresos de 189.005 millones. El agujero entre ingresos y gastos es una preocupación menor para el Gobierno, como ha reconocido la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que interpreta que en el momento actual el objetivo no debe ser reducir más el déficit sino atender a las necesidades generadas por la inflación y la crisis energética.
Japón en contracción:
Japón en contracción. El PIB cae un 1,2%. https://t.co/Z2IUlkY9tP
— Daniel Lacalle (@dlacalle) November 15, 2022
El Gobierno asegura de que sus cuentas serán capaces de mantener en su mayor parte las medidas paliativas aprobadas hasta la fecha, cuyo coste estima en 30.000 millones de euros, subir hasta un 3,5% los salarios de los empleados públicos, disponer un crédito récord para inversiones, elevar el presupuesto para dependencia y crear una serie de nuevas ayudas públicas y subsidios...y a pesar de ello reducir el déficit público y cumplir el objetivo de cierre del 3,9% que se ha autoimpuesto para el año que viene.
Esa, en efecto, podría ser una parte de la historia
La otra es que el Gobierno ha ingresado en los últimos tres años 50.000 millones de euros más en impuestos gracias en buena medida a la inflación – la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asegura que esta explica hasta el 50% de los nuevos ingresos en 2022 – y pese a ello las Administraciones Públicas continúan presentando un agujero que se sitúa por encima del 3% del PIB que históricamente se ha visto como la frontera a partir de la cual emergen los problemas de sostenibilidad de las cuentas públicas.
Y luego están las pensiones
El Gobierno ha decidido desoír las voces que tanto desde dentro como desde fuera de las fronteras nacionales le instaban a modular la aplicación de la disposición legal que le obliga a actualizar las pensiones con el IPC de noviembre y el próximo año destinará más de 20.000 millones extra a un capítulo que ya se lleva más de la mitad del presupuesto consolidado de la Administración del Estado. Uno de cada dos euros que gasta el Gobierno del Estado va a pagar las pensiones y su peso sobre el PIB ya se ha ido hasta el 13,7%. El Ejecutivo está convencido de que hay recursos suficientes para pagar esta factura pese a que los ingresos por cotizaciones (143.361 millones de euros) siguen siendo insuficientes para sufragar el tramo contributivo del sistema (166.776 millones de euros) y sigue cargando al Estado no sólo ese agujero en el tramo contributivo sino el coste de todas las prestaciones asistenciales.
Los programas presupuestarios asociados a la promoción de la actividad económica de sectores y empresas y más en concreto los dirigidos a pymes y sectores concretos o se han congelado o incluso se han reducido
En otras palabras, crecen las ayudas, subvenciones y bonificaciones, caen las políticas de estímulo a la actividad empresarial. El impulso a la actividad se deja a los fondos europeos, que vuelven a engrosar las cuentas públicas con 25.000 millones de euros extra, pero cuya ejecución real y, por tanto, su aportación al crecimiento continúa siendo una incógnita un año y pico después de su puesta en marcha.
Hay dudas sobre los Presupuestos de 2023. Desde la base
Los analistas consideran que la previsión de crecimiento del 2,1% realizada por el Gobierno se encuentra en un rango optimista y también se han mostrado escépticos respecto a que el gasto público vaya a crecer el 2,7% que se prevé en las operaciones no financieras o el 11% que se prevé para el conjunto, incluidas operaciones financieras, ya que no tienen en cuenta las medidas en vigor para paliar los efectos de la inflación y la crisis energética que el Gobierno ya ha avanzado que al menos en parte va a prorrogar.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal entiende que hay indicios razonables para pensar que el capítulo de gastos del presupuesto se desviará al alza
El Banco de España, por su parte, ha hecho especial hincapié en advertir del riesgo de que los ingresos se caigan de forma repentina como sucedió en los años duros del estallido de la burbuja inmobiliaria, en que las administraciones públicas españolas perdieron en un abrir y cerrar de ojos cerca de 50.000 millones en ingresos que creían estructurales.
Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que no estamos en la misma situación y en que eso no va a ocurrir porque están convencidos de que una parte importante de esos nuevos ingresos viene del afloramiento de economía sumergida (enarbolan los datos de gasto con tarjeta para acreditarlo) y del ensanchamiento de las bases, tributaria de la mejora del empleo. Para las cuentas públicas es crítico que así sea, porque buena parte de esos 250.000 millones de euros de gasto del Estado sí está aquí para quedarse y si se suma la cuenta de la Seguridad Social y la creciente factura de las pensiones el gasto estructural del sector público estatal ronda ya el medio billón, con b, de euros.
