El volumen de emisiones brutas registradas por las Administraciones públicas (AA. PP.) alcanzó los 275.492 millones de euros durante 2020, lo que supone un aumento significativo, del 36,9 %, con respecto a las emisiones brutas de 2019. El Estado fue, como en años anteriores, el principal emisor de las AA. PP., con un volumen total bruto de 269.098 millones de euros, a gran distancia de las comunidades autónomas, que emitieron 6.394 millones de euros.
Las corporaciones locales, al igual que en ejercicios previos, no realizaron emisiones en 2020. El Estado proporciona financiación tanto a las comunidades autónomas como a las entidades locales a través de distintos mecanismos como el Fondo para la Financiación a las Comunidades Autónomas o el Fondo para la Financiación de Entidades Locales, lo que explica el reducido recurso de estas entidades, autonómicas o locales, a la financiación directa en los mercados.
Tabla con los datos de las emisiones brutas de las Administraciones públicas
Si bien el incremento de las emisiones fue considerable en términos brutos (36,9 %), este fue mucho más acentuado en términos netos (véase cuadro 2.2.2.), con una cifra (97.958 millones de euros) que quintuplica con creces la cifra del año anterior (18.765 millones de euros).
Las mayores necesidades de financiación derivadas de las medidas puestas en marcha para afrontar la crisis del COVID-19 junto con el leve descenso de los vencimientos explicarían esta evolución. Es necesario remontarse a 2009, al inicio de la crisis financiera, para encontrar una cifra de emisiones netas más elevada.
José María Rotellar: "Los dos grandes peligros para la economía son el gasto público y el proteccionismo", por @beagarciagom https://t.co/Wq4YE2YjFQ vía @libre_mercado
— Daniel Lacalle (@dlacalle) May 28, 2023
Por otro lado, en 2020 crecieron con más intensidad las emisiones del Estado a largo plazo respecto a las de corto plazo, lo que permitió continuar la tendencia de los últimos años de alargamiento de la vida media de la deuda pública en circulación, que pasó de 7,55 años a finales de 2019 a 7,75 al cierre de 2020.
Mercado secundario
La normativa MiFID II entró en vigor a principios de 2018. Uno de sus objetivos es atraer la negociación hacia entornos de contratación multilaterales sujetos a reglas de negociación organizadas y transparentes, en detrimento de la operativa bilateral OTC. Tal y como reconoce la propia MiFID II, los sistemas multilaterales operan de acuerdo con tres posibilidades: mercados regulados, SMN y SOC.
La operativa bilateral se puede bien canalizar a través de internalizadores sistemáticos (IS) o bien tener carácter estrictamente OTC
Como resultado de los cambios introducidos por la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de esta normativa europea sobre mercados de valores (MiFID II y MiFIR), el mercado de renta fija AIAF pasó a asumir el papel de mercado de referencia para la deuda pública española, en sustitución del mercado de deuda pública anotada. AIAF, como mercado regulado de renta fija adaptado a la normativa MiFID II, amplió en 2018 su ámbito de actuación al admitir a cotización emisiones de deuda soberana de otros países como Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Portugal e Irlanda y las del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
