Unidas Podemos ha puesto en jaque a las socimis del sector inmobiliario español al haber propuesto una nueva modificación en su fiscalidad. La medida, liderada por Pablo Iglesias, plantea introducir un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las socimis. Actualmente, estos grupos de inversión gozan de una ventaja fiscal al tener que pagar el 0% en el impuesto de sociedades. Pero, por otro lado, están obligados a repartir en dividendos el 80% de sus beneficios y a cumplir otra serie de requisitos.
Pero, ¿Qué son las socimis? Las socimis son sociedades de inversión dedicadas a los activos inmobiliarios. Tienen una gran importancia en el sector inmobiliario y su objetivo es sacar rentabilidad de los inmuebles adquiridos, ya sea mediante un alquiler o mediante una venta con beneficios. Estas sociedades, cotizadas en bolsa, acumulan en España un valor de más de 50.000 millones de euros en inmuebles y el año pasado distribuyeron entre sus accionistas un total de 1.254 millones de euros en dividendos.
Los profesionales del sector se han visto afectados por esta medida propuesta por el Gobierno y aseguran que “no solamente es ineficaz desde un punto de vista económico, sino que es además contraproducente, dado que causa un daño enormemente mayor que el beneficio que pretende conseguir", apunta Fernando Lacadena, presidente de ASIPA (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler).
Además, el directivo opina que el nuevo tipo impositivo del 15% tan solo recaudará un máximo de 25 millones de euros anuales y, en cambio, las consecuencias serán graves. Según Lacadena, la recaudación dañará “gravemente la seguridad jurídica, que ya se ha visto seriamente herida con otras medidas recientes como, por ejemplo, la propuesta de limitar los alquileres”.
Coincidiendo en gran parte con las declaraciones del presidente de ASIPA, Javier Basagoiti, presidente de Asocimi, apunta que la nueva medida "genera inseguridad y malestar entre los inversores”. Basagoiti piensa que la medida no ayuda prácticamente al objetivo de aumentar la recaudación y, sin embargo, aumenta en gran medida el riesgo de los inversores que habían apostado por el mercado español a pesar de la crisis sanitaria. Además, el directivo de Asocimi destaca que “el crecimiento de las socimis en España ha sido posible gracias a un conjunto de factores macroeconómicos y del propio sector inmobiliario, pero, sobre todo, a que hemos contado con una legislación que nos ha permitido competir en igualdad de condiciones con el resto de países de nuestro entorno”. Una igualdad de condiciones que puede desaparecer y que animaría a los inversores a estudiar nuevos proyectos en los países vecinos.
El presidente de Colonial, Juan José Brugera, no se quedó atrás y también criticó durante la rueda de prensa de presentación de resultados la actuación del Gobierno. Brugera catalogó la propuesta de demagógica y de poco efectiva, advirtiendo además que "desde el punto de vista externo, el régimen REIT está reconocido internacionalmente, tiene unos parámetros muy consolidados y ponerlo ahora en tela de juicio en España no nos gusta porque perjudica la seguridad jurídica con la que tienen que actuar los inversores".
La figura de las socimis ha estado implantada durante décadas en las economías desarrolladas y ha sido un modelo que siempre ha funcionado correctamente. Han servido como vehículo de ahorro para la sociedad y se han posicionado como una buena oportunidad de inversión en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la medida propuesta ha impactado negativamente en los inversores y ha provocado una inseguridad jurídica en España que se ha visto reflejado en las cotizaciones de las empresas. Las socimis fueron castigadas a corto plazo y a medio plazo esta situación puede conllevar un retraso del mercado de inversiones español respecto al europeo.
