La respuesta de la UE al Inflation Reduction Act: «no hay postre hasta que te acabes la cena»... Gran parte del impulso económico desde la COVID se ha centrado en incentivar esta transición ecológica
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El cumplimiento de los objetivos climáticos depende mucho de la inversión, pública y privada, y sus efectos en el desarrollo de nuevas tecnologías. Por ello, gran parte del impulso económico desde la COVID se ha centrado en incentivar esta transición ecológica.
En el caso de EE. UU. se aprobó en agosto de 2022 el Inflation Reduction Act (IRA), un conjunto de ayudas públicas con las que la Administración Biden pretende estimular el consumo, la producción y la inversión medioambientalmente sostenible. Sin embargo, esta voluntad trae aparejadas cláusulas proteccionistas que han desencadenado protestas por parte de la UE.
¿Qué es el IRA?
El IRA es un plan dotado con unos 400.000 millones de dólares, que se desembolsarán en la próxima década, pero cuyo impacto en las arcas del Tesoro estadounidense aspira a ser positivo.1 Por partidas, más de un 60% de estas ayudas se destinarán al sector de la energía, un 12% a la industria y otro 12% a la mejora del medio ambiente.
La economía española despidió 2022 entre los países de la Unión Europea con mayores niveles de deuda y déficit públicos https://t.co/tctGymUC4k
— Europa Press (@europapress) April 21, 2023
Que la principal economía del mundo quiera fomentar la transición ecológica es una buena noticia para el planeta, pero el sesgo proteccionista de los principales subsidios del plan no lo es
En concreto, para algunas ayudas del IRA, la subvención o crédito fiscal aumenta en caso de que la producción del bien o servicio cumpla con unos criterios de producción doméstica o se den en un país con el que exista un tratado de libre comercio. Este tipo de cláusulas son contrarias a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la UE considera que suponen competencia desleal de EE. UU., lo que amenaza con desatar una guerra de subsidios entre las principales economías del mundo. Se estima que los subsidios potencialmente susceptibles de romper con las normas de la OMC podrían superar los 75.000 millones de dólares, aunque su estimación es incierta, pues diversas ayudas no tienen límite ni de volumen, ni de valor
