La ocupación ilegal de viviendas es un gran problema. ¿Cómo luchan los españoles contra los ocupados?

La ocupación ilegal de pisos y casas es un gran problema en España. Cuando extraños se instalan en la propiedad, hay que esperar más de 2 años para desalojarlos. Entonces, ¿cómo se las arreglan los ciudadanos?
En el contexto de las inversiones en el mercado inmobiliario español, a menudo surge el tema de las regulaciones poco claras, en particular en lo que respecta a los okupas. Los datos de la Delegación del Gobierno de Madrid reflejan que hay cerca de 100.000 personas en el país. propiedades afectadas de un total de 26 millones de viviendas. La mitad de las personas que ocupan los apartamentos son personas con pasado delictivo y tres de cada cuatro pertenecen a grupos organizados.
El analista Tomasz Narkun, citando datos del Instituto Cerdà, señala que casi 80.000 Los inmuebles en España están actualmente ocupados por ocupados. Según la legislación local, el desalojo de los ocupantes ilegales tarda hasta dos años.
Narkun recuerda una situación que tuvo lugar en Mallorca cuando un hombre que pasaba decidió ocupar una casa ajena. Después de una serie de infracciones, fue multado.
Hay casos aún más impactantes. Expansion.com pone el ejemplo de la ciudad de Alcobendas. Allí fue desalojado todo un edificio residencial, donde vivían desde 2009 62 familias, es decir, 300 personas en total.
El Institut Cerdà alerta de que este fenómeno se ha cronificado en el país. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señala que el llamado La okupación ilegal se ha extendido por toda España y el 40% de ella tiene lugar en Cataluña.
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Fuente: Newtral.es
Curiosamente, en 2022 disminuyó el número de denuncias presentadas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Resulta que no siempre tienen éxito y algunos españoles se quejan de que los servicios son demasiado lentos. Medios locales citan la opinión de Gonzalo Bernardos, catedrático de economía y director de la Universidad de Barcelona. Según él, se espera que el número de ocupantes se recupere una vez que entre en vigor la nueva ley de vivienda.
“Lo que está pasando es el 'legado' de 2008-2013, cuando los bancos desalojaron a personas que no pagaban sus hipotecas. Los inquilinos entraron en estas casas y se creó una situación social de "complicidad". Aprovechando esta situación, las mafias empezaron a operar, creando un gran negocio”, añade Bernardos.
Grupos organizados entran en las casas, tras asegurarse previamente de que no haya nadie viviendo allí temporalmente. Los primeros días intentan pasar desapercibidos para sus vecinos. La cuestión se agrava cuando un okupa quiere alquilar el piso a un tercero, que normalmente desconoce la situación jurídica del inmueble. Como resultado de estas acciones, el propietario tiene dificultades para demostrar ante el tribunal que la casa o apartamento es de su propiedad.
El tiempo medio de espera para un desalojo es de 20 meses. En primer lugar, la denuncia debe ser considerada positivamente por los juzgados de primera instancia, que tardaron una media de 10,9 meses en 2022. Luego deberá tramitarse en audiencias provinciales, lo que incrementa el tiempo de espera para salir de casa en un promedio de 9,6 meses.
Sin embargo, llevar a cabo un desalojo no es fácil. La fecha debe anunciarse con antelación. Si alguien posee más de 10 propiedades, debe demostrar que intentó llegar a un acuerdo con inquilinos no deseados. Si no puede demostrarlo, se cancelan los juicios.
En España, el tema del desahucio es muy popular en los medios. Para hacer frente a los inquilinos no deseados y eludir la ley, comenzaron a aparecer en el mercado empresas que alquilaban hombres musculosos. Su objetivo es animar a los huéspedes no deseados a abandonar los edificios.
La gran mayoría de los apartamentos ocupados por ocupados son edificios abandonados. Sin embargo, esta no es la regla. La mayoría de los casos (75-80%) de llegadas de okupas están relacionados con inmuebles de grandes actores, principalmente entidades financieras y fondos de inversión. Sin embargo, cada vez se detectan más casos de ejecuciones hipotecarias de pisos situados en la planta baja.
El portal La Vanguardia llegó a Xavier Mauri, director de la organización Habitat3. Según él, actualmente 16 de los 950 pisos que gestiona en Cataluña están ocupados ilegalmente. Además, cree que en los últimos meses se han producido siete nuevos intentos de usurpación de inmuebles. Mauri subrayó que el problema concierne a los ciudadanos en riesgo de pobreza. Sin embargo, sus observaciones muestran que el principal problema a la hora de combatir este fenómeno es "la sensación generalizada de que ocupar una casa ajena prácticamente no conlleva riesgos". Las autoridades a menudo no toman ninguna medida para deshacerse de los inquilinos no deseados.