Unos 3.600 kilómetros separan Madrid de Kiev. Más de 4.000 kilómetros si se quiere llegar a Moscú. Toda esta distancia se queda en nada cuando se habla de vínculos financieros en lugar de distancias físicas. La crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania ha puesto una vez más de manifiesto los estrechos vínculos económicos que ha impulsado la globalización. Y aunque el sector financiero español afronta esta crisis con relativa tranquilidad, gracias a su nula exposición a Ucrania y Rusia, pero con preocupación por el escenario económico que se abre por ello.
El panorama es complejo. Por un lado, la inflación hace prever que el Banco Central Europeo (BCE) pueda subir tipos de interés antes de final de año, lo que repreciaría la mayor parte de la cartera crediticia de las entidades. Por otro lado, esta gran noticia para los bancos lleva aparejados efectos secundarios innecesarios: frenazo económico, mayor morosidad y menores expectativas de crédito.
“Desde un punto de vista puramente económico, es indudable que el proceso de recuperación gradual en el que la economía española y europea se encontraban inmersas en los últimos trimestres va a verse negativamente afectado por este conflicto bélico a través de múltiples canales. No obstante, por el momento, la magnitud de estos efectos adversos solo puede estimarse con una extraordinaria incertidumbre. Esta dependerá, naturalmente, de la severidad y duración del conflicto”, señaló el pasado 15 de marzo el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Cuando se produjo la invasión de Ucrania, las entidades estaban viendo por primera vez en mucho tiempo brotes verdes en bolsa. El repunte del euribor, la inflación y las expectativas de crecimiento económico hacían prever subidas de tipos en Europa que estaban impulsando las cotizaciones de las entidades financieras.
Un escenario que desactivó el conflicto ucraniano. Desde entonces, las entidades han estado sujetas a vaivenes en bolsa. Les penaliza la incertidumbre económica que han generado la invasión y los efectos de las sanciones, con mayor inflación y crisis de suministros.
“El fuerte repunte de los precios de la energía y de algunas otras materias primas que se ha producido a escala global en los últimos trimestres, y que se ha intensificado como consecuencia del conflicto en Ucrania, supone para la economía española, importadora neta de estos productos, un shock negativo a nuestros términos de intercambio que reduce la renta nacional y eleva las presiones inflacionistas en el corto plazo”, añadió Hernández de Cos.
Algo en lo que coincide el presidente de BBVA, Carlos Torres: “Aunque esperamos que la recuperación continúe en 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia aumenta de manera significativa la incertidumbre sobre la evolución de la economía global.
Reflejo de ello es el impacto negativo en los mercados financieros, que han registrado caídas, fuerte aumento de la volatilidad y con acusadas subidas de los precios de todas las materias primas, especialmente el petróleo y el gas, que han tenido una abrupta evolución en estas últimas semanas”.
Los bancos españoles tienen a su favor una escasa exposición a Rusia, apenas 700 millones de los 68.000 millones que el BCE dice que tiene todo el sector financiero europeo, un 0,52% de todos los activos.
También tiene a su favor que ninguna entidad del país tiene una filial en el país presidido por Vladimir Putin, al contrario que otros grandes grupos como UniCredit, BNP Paribas y Raiffeisen.
La única gran incógnita para los bancos españoles es si esta crisis económica, energética y de suministros va a tener un impacto en su red de clientes empresariales que a partir de unas semanas tendrán que empezar a devolver los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) que recibieron a mediados de 2020 para evitar problemas de liquidez por el confinamiento. Se estima que hay unos 60.000 millones pendientes de empezar a devolver el principal en los próximos meses, lo que podría disparar la morosidad de las entidades.
Junto al posible impacto económico, la mayor preocupación de las entidades es que el conflicto de Ucrania derive en una ciberguerra que les provoque dificultades operativas. Desde la invasión, el número de ataques tecnológicos se ha disparado, como reconocen extraoficialmente las entidades. De hecho, este frente ha provocado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Seguridad Nacional reúnan frecuentemente a las grandes empresas del Ibex 35 para hacer balance de daños y valorar medidas con las que contener la ofensiva.
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos están alineados en esta ciberguerra, para lo que están en coordinación permanente para preparar las medidas estrategias necesarias con las que contrarrestar los movimientos rusos.
Otro de los frentes de trabajo de las entidades españolas es el control de los capitales rusos en plena ofensiva europea hacia los oligarcas. Los bancos tienen orden de la Comisión Europea (CE) y del Ministerio de Economía de congelar activos de clientes rusos por encima de los 100.000 euros y de vigilar exposiciones indirectas a través de empresas. La orden está clara, hay que penalizar a todos los intereses rusos en España para animar a los oligarcas a presionar a Putin a un fin de la guerra. Aun así, la esperanza de la efectividad de estas medidas es baja y el temor a la crisis que se avecina, alto.
