Esta tarde en Madrid ha tenido lugar el esperado Consejo de Política Fiscal y Financiera en el cual participaron quince comunidades autónomas frente al Gobierno central, dirigido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Se trata de una reunión cuyas tensiones levantan mucho polvo. Quince CCAA y cada una de ellas con su propia visión del problema, pero todas ellas en sus diferencias, divididas en tan sólo dos bandos; las que están a favor del motivo de la reunión y las que están totalmente en contra. Entre las comunidades cuyos consejeros estuvieron presentes encontramos Extremadura (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE), Castilla y León (PP), Junta de Andalucía (PP y C’s) y Murcia (PP y C’s), entre otras.
Hoy se ha tratado de ofrecer solución al problema que arrastra un endeudamiento de mayor o menor grado en las CCAA citadas en el CPFF. Nos vamos refiriendo a una cantidad de dinero procedente del IVA de una mensualidad del año 2017, que ronda los 2.500 millones de euros y que hasta el día de hoy no ha sido devuelta a sus correspondientes comunidades autónomas. Dicho problema ha llevado a graves problemas económicos a las CCAA, principalmente y en mayor grado a la Junta de Andalucía, y posteriormente a Murcia con constantes penalizaciones por parte de la tesorería.
La solución que propone el Gobierno central para compensar esas pérdidas y evitar enfrentamientos en los tribunales es una suavización del objetivo actual y establecido con anterioridad por el PP (0%) al 0.2 % para el año 2020. El Gobierno se defiende con la idea de que el beneficio de dicho cambio daría como resultado unas cantidades de dinero semejantes a la deuda del IVA del año 2017, ya que recalca que esta última no se devolverá puesto que se ha pasado el margen de los dos años.
Sin embargo, lo propuesto por la ministra de Hacienda no convence a muchas de las comunidades autónomas que amenazan con llegar a los juzgados, oponiéndose totalmente a continuar con la actual y probablemente futura situación de endeudamiento (Castilla-La Mancha). Además, Castilla y León acusa a Cataluña de un trato entre dicha comunidad y el presidente del gobierno a las espaldas de las demás CCAA afectadas, en el cual se llegó a un acuerdo con especial beneficio.
