Hasta el momento, las inversiones ya aprobadas del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) portugués ascienden a 12.249 millones, frente a unas inversiones planeadas de 16.644 millones de euros, lo que supone una tasa de aprobación del 74%, un porcentaje en principio prometedor para el aprovechamiento de los fondos NGEU que recibirá Portugal hasta 2026.
Sin embargo, las transferencias realmente efectuadas a los beneficiarios son muy inferiores a las inversiones ya aprobadas
Al final del 1T, se habían abonado a beneficiarios directos y finales tan solo 1.720 millones de euros, es decir, cerca del 14% de lo aprobado y un 10% del importe planeado total. Uno de los factores que explican estas bajas tasas podría ser el aplazamiento de decisiones de inversión, como consecuencia del clima de mayor incertidumbre que afectó a la actividad en la segunda mitad de 2022, a lo que debe añadirse el aumento de los costes de producción (incluidos mano de obra, unos costes de financiación más elevados, precios de materiales, etc.) que viene produciéndose desde el año pasado.
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Cabe destacar que las transferencias para los beneficiarios solo se hacen efectivas después de que presenten los gastos relacionados con los proyectos ya aprobados. Dicho esto, ¿cómo se han distribuido los fondos entre los diversos beneficiarios? En primer lugar, se observa que la distribución entre los desembolsos a beneficiarios directos (entidades públicas responsables de las inversiones) y beneficiarios finales (entidades públicas o privadas cuyos proyectos fueron seleccionados) se ha ido tornando más equilibrada; en marzo, los beneficiarios finales ya superaban ligeramente los fondos absorbidos por los directos:
915 millones de euros en el caso de los primeros y 805 en el caso de los segundos
De este modo, al final del 1T, la distribución entre estos dos tipos de beneficiarios era idéntica: 50% para cada uno, lo que representa una significativa recuperación de los beneficiarios finales, que hasta octubre de 2022 habían recibido menos del 25% de los importes abonados. Por tipo de beneficiario, las entidades y empresas públicas son las que más fondos recibieron; no obstante, con respecto al valor de los proyectos aprobados todavía presentan una tasa de desembolso reducida, del orden del 13%.
A su vez, las familias y los centros educativos son los colectivos cuyos pagos recibidos más se aproximan a los importes aprobados, posiblemente como consecuencia de la menor complejidad de las inversiones
En el caso de las familias, se trata principalmente de las ayudas a la mejora de la eficiencia energética residencial y, en el caso de los centros educativos, las ayudas en el ámbito del programa de transición digital, que incluyen, por ejemplo, la adquisición de ordenadores para profesores y alumnos y de proyectores digitales para los centros. En el polo opuesto, se encuentran las inversiones para la digitalización de las empresas y las inversiones para la descarbonización de la industria, con porcentajes de desembolsos sobre las inversiones ya aprobadas de tan solo el 7,1% y el 3,4%, respectivamente.
