Digitalizarse o desaparecer

Si durante la anterior crisis financiera -de la que hace ya más de una década- analistas y expertos ya venían advirtiendo de que el modelo productivo de España debía virar hacia los entonos “punto cero”, la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgencia del cambio.

El virus, cuyos brotes están obligando a nuevos confinamientos parciales, ha elevado a la tecnología y la digitalización a la categoría de actor principal de la economía. Papel que, si tiramos de historia, siempre debería haber tenido. Pensemos que desde 1.800 los avances tecnológicos han contribuido a que la renta per cápita de los países avanzados se haya multiplicado por 20.

lo cierto es que han sido las TIC las que han permitido que muchas empresas hayan continuado desarrollando de forma más o menos normal su actividad. No sin antes pasar alguna que otra semana de periodo de adaptación que en España ha sido más complejo que en gran parte del resto de países de nuestro entorno. No digamos ya que en Japón, país que encabeza el modelo socioeconómico 5.0, por entre otras, su dominio del big data y su cultura innata de optimización de los sistemas productivos.

Que el resultado final haya sido mucho mejor del esperado al principio de la crisis sanitaria no exime de la relajación que se ha tenido en esta materia desde hace casi o más de una década, con partituras que sonaban bien pero que se ejecutaban poco. De hecho, el informe España Nación Digital 2019 elaborado por la Asociación Española de Economía Digital, elaborado por Adigital y Sidfi, sitúa al país en el límite con las economías de segundo nivel. Si se tienen en cuenta solo el ranking de los países europeos, España ocupa la posición 18, sólo por delante de Italia y estancada en ella desde 2016.

En el caso concreto de las empresas, los resultados hablan por sí solos. Hace apenas unos días conocíamos que las ‘Big Tech’ (Amazon, Apple, Google y Facebook) no sólo no han salido indemnes del parón de la actividad, sino que se han visto impulsadas por el crecimiento del comercio electrónico y el entretenimiento digital. Amazon, por ejemplo, incrementó su facturación un 40%, hasta casi los 89.000 millones de dólares, lo que llevado a la cuenta de resultados se tradujo en un beneficio de 5.243 millones de euros (casi el doble que en el mismo periodo del año pasado).

El caso de Apple es aún más llamativo. Pese a que cerró sus tiendas durante los meses más duros de la pandemia, su facturación y sus beneficios se incrementaron en un 11% y un 12%, respectivamente.

En España, es muy significativo el hecho de que el 49% de las pymes se digitalizaron durante la cuarentena, según destaca un estudio realizado por eBay, y que el 80% de ellas consideran que el negocio online será imprescindible en la era post-COVID.

Lo cierto es que tras la pandemia -o con la pandemia- las empresas y negocios, sean del tamaño que sean y pertenezcan al sector que pertenezcan, tendrán que asumir la máxima de ‘digitalizarse o desaparecer’.

Las razones son varias. La primera germina en el teletrabajo. El confinamiento ha conseguido poner coto al presencialismo y la mayor parte de nosotros nos hemos visto obligados a convertir parte de nuestros hogares en improvisados despachos y salas de reuniones online. Como afirma José Almansa, licenciado en Derecho y cofundador de Impact Hub Madrid y Loom, “la crisis actual está sirviendo de prototipado de una nueva forma de trabajar, a distancia, desde casa y desde cualquier lugar del mundo a través de nuevas herramientas tecnológicas”. El perfil que se está dibujando en el mercado laboral se alinea con un modelo mixto que además se verá favorecido con la llegada del 5G.

Precisamente es esta tecnología la que sostiene la segunda de las razones. La quinta generación de tecnologías y comunicación inalámbrica cambiará la forma de relacionarnos entre nosotros y de consumir e incluso nos permitirá establecer un ‘diálogo’ con nuestros coches o electrodomésticos. En el ámbito del teletrabajo cerrará las fisuras de la latencia o lo que es lo mismo, el retardo en las comunicaciones a través de herramientas como Zoom, Microsoft Teams o Skype, entre otros. Si nos adentramos en el ámbito del ocio, pensemos en qué ocurrirá cuando el tiempo de descarga de una película pase de unos tres minutos a menos de cinco segundos. Y todo lo anterior, sumado a la dependencia de sectores como salud (teleasistencia), industria 4.0, pagos o seguros de la tecnología 5G.

A este respecto cabe recordar que, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales que elabora la Comisión Europea, España es el octavo país mejor preparado para el despliegue de la red de 5G habiendo subastado el 30% del espectro de frecuencias, frente al 14% de la media de la UE. Lo que abrirá un abanico de oportunidades para la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo.

En tercer lugar, si queremos que lleguen los 140.000 millones de euros que le corresponden a España del Plan de Recuperación para la Unión Europea (European Next Generation) no nos queda otra que digitalizarnos. Los proyectos que se financien tendrán que alinearse con la estrategia europea y, por tanto, contar con un alto valor tecnológico para ser financiados. En este sentido, desde el Ejecutivo ya se han empezado a dar los primeros pasos con la aprobación de España Digital 2025. Un plan de digitalización que movilizará un total de 140.000 millones de euros, de los que 20.000 millones de euros (15.000 procedentes de los Fondos Europeos) se destinarán a inversión pública.

Así, todo apunta a que, en un relativo corto espacio de tiempo, nos moveremos a través de redes interconectadas y algoritmos de datos que serán puntal para la recuperación y crecimiento económico. Vivimos la era digital en la que obtener datos y saber entenderlos es clave para la toma de decisiones.

Ahora bien, antes de lanzar las campanas al vuelo, tal y como explican los catedráticos de la Universidad de Valencia Rafael Domenech y Javier Andrés en su libro La era de la disrupción digital se deberían resolver varias cuestiones, entre ellas la de cómo garantizar que los costes de la transición no sean demasiado elevados para el estado de bienestar.

 


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